Carlos Anaya Rosique.
Editor y Rector de la Unical.
Nota: Este texto fue presentado en el Coloquio “Renglones torcidos de la edición. Plagio, piratería y delitos informáticos contra la edición”, que se realizó el jueves 12 de noviembre de 2020, coordinado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Buenas tardes, es para mí muy grato compartir esta mesa con Ma. Del Carmen Arteaga, incansable luchadora por la vigencia y respeto del Derecho de Autor. Gracias a Elena Pigenutt por su moderación. Confío en no dar muchas molestias.
Agradezco a las autoridades de la UNAM, a través de Socorro Venegas, Directora de Publicaciones y Fomento Editorial su invitación, y a Camilo Ayala Ochoa las gestiones para llegar el día de hoy.
Por último, antes de iniciar mi presentación —una serie de reflexiones sobre el tema— quiero hacer aquí un homenaje a un universitario que hace muy poco dejó de estar entre nosotros. Me refiero al maestro Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, hasta el pasado mes de septiembre director del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Gracias por su cortesía, por su voluntad, por su esfuerzo para que el Derecho de Autor tomara realmente carta de naturalización en nuestra sociedad. Siempre estará presente.
En las Jornadas Académicas organizadas por la UNAM-OMPI-INDAUTOR 2019 en la Facultad de Derecho de la UNAM y realizadas el martes 10 de septiembre de ese año, hice una pregunta que, por supuesto, sabía incómoda. Dije, palabras más, palabras menos: “Agradezco a la Facultad de Derecho la invitación para estar el día de hoy aquí, para hablar de derechos de autor, en el espacio donde más se generan copias ilegales de las obras, tanto físicas como digitales.”
En ese mismo espacio también señalé que “La piratería, la ilegalidad es un cáncer y todos juntos tenemos que combatirla. No es una tarea que el gobierno pueda hacer solo y requiere de la colaboración, de la concientización de todos los habitantes del país, para comprender que esa acción destruye la cultura, sus posibilidades de difusión. Un país sin cultura es un país que no existe.”
Por supuesto que tengo claro que hay una preocupación sobre el tema, ejemplo de ello es este Coloquio que debería darnos luz sobre qué hacer para abatir la ilegalidad, que no otra cosa es la piratería. Y no hablo solo de la ilegalidad en la reproducción y distribución de libros y publicaciones periódicas, sino de una inmensa cantidad de elementos que constituyen el universo de la piratería.
Todos reconocemos que el espacio de la fotocopia, de los libros ilegales, de los PDF que circulan sin mayor problema tiene un mercado fértil en las universidades, y que hay que ver por qué se da el problema.
Parto de considerar que el fenómeno es mucho más que un ejercicio de reproducción ilegal de contenidos y responde a muy diversos factores, entre otros:
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- A una actividad del crimen organizado;
- a la falta de conocimiento de la Ley --por cierto, su desconocimiento no exime a nadie de su cumplimiento-- o de su explicación: campañas que intentan inhibir la reproducción ilegal con acciones de amenaza y no con alternativas;
- a la poca presencia editorial en el país, en particular, pero no solo, de librerías;
- a un mercado editorial deprimido y mercados muy limitados y por último en esta apretada relación,
- a la falta de interés en el desarrollo de espacios de lectura: por ejemplo, bibliotecas que hoy están sin libros, sin recursos.
En las diversas actividades de profesionalización en que he estado involucrado, he logrado apreciar la gran necesidad de comprensión y aplicación del derecho de autor; sin embargo, un problema estriba en que durante muchos de esos cursos solo se logra asustar, provocar el miedo sobre las aplicaciones del derecho, de sus trámites, de las consecuencias si uno se equivoca al hacer un trámite o de lo complicado que es entender las limitaciones o las excepciones, por citar algunas de las reflexiones realizadas. Hay buena voluntad, pero muy mala comunicación, poco conocimiento. La exposición del derecho de autor debería de considerarse una base legal para actuar, nuestro apoyo no nuestro temor.
Así como buscamos un médico especialista para ver si tenemos diabetes o cáncer, así tendríamos que buscar al especialista en Derechos de Autor que nos lleve de la mano: no improvisemos, busquemos hacer sencillo lo que ellos hacen. El derecho de autor es el instrumento para respetar la ley. El propio Instituto Nacional del Derecho de Autor debería de organizar cursos y seminarios objetivos, asertivos para convocar a la legalidad.
Antes de continuar con las reflexiones (o locuras), demos algunas cifras de lo que significa la piratería de contenidos:
El consumo ilegal de obras literarias está acabando con la industria editorial en México. Se estima que 4 de cada 10 libros físicos que se venden son piratas: una cadena de personas que van desde el autor, las editoriales, los distribuidores y los libreros, entre otros, se ven seriamente afectados cada vez que se consume un libro no original. Si a esto agregamos que el dinero recaudado cae en las arcas del crimen organizado, estamos hablando de un serio peligro.
La encuesta realizada en 2017 por la Coalición por el Acceso Legal a la Cultural (CALC) (www.calc.com), arroja cifras alarmantes sobre el consumo de libros piratas en México, a destacar:
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- El 44 % de los consumidores de libros físicos, compran libros piratas.
- El 48 % de los consumidores de libros digitales, acceden a ellos de manera ilegal.
- Los consumidores de libros pirata equivalen al 50% de consumidores de libros.
- El 50 % de los consumidores de libros pirata, físicos, lo hacen más de 2 veces por año.
- Al respecto, según el mencionado estudio, se estima que los consumidores gastaron cerca de 1,700 millones de pesos en libros pirata físicos y que el 78 % de los consumidores de libros piratas lo hicieron gratuitamente.
El Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, (Cempro), y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, (Caniem), junto con la Asociación de Librerías de México, han impulsado acciones para prevenir y hacer conciencia sobre los efectos no solo económicos, sino sociales de la piratería.
Hoy promueven “Pongamos punto final a la piratería de libros”, que convoca a los consumidores acudir a las librerías para adquirir libros originales, lo mismo que acceder a librerías virtuales donde pueden encontrar versiones digitales originales.
La piratería afecta a toda la cadena de valor del libro, y restringe las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos, en primer lugar, al afectar la economía de los autores, de los creadores, de los investigadores, quienes sin duda tienen derecho, como en cualquier otra actividad, a recibir una remuneración por su trabajo. Las personas dedicadas a la creación no lo hacen por un pasatiempo: es su trabajo, tan valioso como el del artesano, como el de un médico, o un abogado. Si esas personas no pueden dedicarse al trabajo creador, no habrá forma de generar nuevos conocimientos, nuevas obras, nuevas propuestas.
El Observatorio Nacional Ciudadano realizó un estudio a mediados del presente año sobre piratería. Es un trabajo muy bien documentado que, en resumen, señala que:
“La #piratería es un delito que daña gravemente nuestra salud, integridad física y la del medio ambiente, permite el aumento de otros ilícitos y genera corrupción, impunidad y desempleo.” (https://bit.ly/30hL8Dfv).
Estuve atento a las exposiciones de Ma. Fernanda Mendoza y José Luis Caballero, especialistas en el campo del derecho de autor, hablando sobre plagio.
Me detengo para hacer una reflexión puntual. Quienes fotocopian, digitalizan, reproducen ilegalmente libros, físicos o digitales, dicen que no sabían que estaban violando la ley (algunos argumentan el Artículo 40 de la ley que permite la copia privada), o que no encuentran el libro original o que es muy caro o que, muy relevante, no lo hacen de “mala fe”. Esas son las argumentaciones y sobre esa base la sociedad justifica la existencia de esos productos.
Sin embargo, aunque no esté definido en la Ley Federal del Derecho de Autor, el plagio es tratado de manera distinta a la piratería, incluso solo con la presunción del mismo. No se consideran las argumentaciones del escritor/plagiario, que suelen ser exactamente iguales a las reproducciones no autorizadas, es decir a la piratería:
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- no sabía que era un delito copiar otros textos;
- reproduce un texto en su propio documento para claridad de sus alumnos
- y, sobre todo, no lo hace de mala fe.
Soy tutor de una Idónea Comunicación de Resultados, una tesis sobre el Derecho de Autor en las Universidades, que realiza una alumna de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM-Xochimilco. Minerva Salguero se pregunta, y yo con ella: ¿por qué no se castiga con la misma severidad la reproducción ilegal en universidades cuando ambas son faltas al derecho de autor y malas prácticas profesionales?
¿Por qué el plagio es visto como lo más terrible que pudiera suceder (el plagiario es defenestrado, expulsado del olimpo intelectual), mientras si un docente o un alumno reproduce y distribuye sin autorización libros, puede que hasta reciba el aplauso de la comunidad?
El plagio y la piratería son, en esencia, lo mismo: apropiaciones ilegales de contenidos, independientemente de que muchos se basen en las excepciones de la ley para reproducir textos, partes o completos. Hay una ilegalidad. No hay forma de encubrir la violación de la legalidad escudados en el derecho al conocimiento: ese no está limitado, pero se enfrenta, a su vez, con el derecho de las personas creadoras a una remuneración por su trabajo. Otra cosa es que ellas decidan que su obra esté en un espacio gratuito: es su derecho decidir cómo va a difundirse su obra.
Hace unos meses, una autora, Fernanda Melchor, defendió su derecho, el de su creación, frente a un individuo que señalaba que enviaría un PDF a unos otros usuarios. Fernanda, a quien le reconozco la claridad de su expresión, hizo un reclamo de la manera más llana posible. Lamentablemente, los usuarios de las redes sociales se quedaron con el “exabrupto” (lo llamo así porque de esa forma lo calificaron) y no entraron al meollo del asunto: la apropiación y distribución ilegal del trabajo de una autora.
El título de esta mesa es por demás claro en cuanto a cómo vemos a la piratería: una informalidad institucionalizada.
Parece que nos hemos rendido y tuviéramos que reconocer que la piratería ya tiene licencia para convivir entre los universitarios, en la sociedad, como una anomalía imposible de subsanar.
Me niego a aceptar esa visión, porque estoy seguro que hay maneras nada fáciles, por cierto, para modificarla y sobre todo para revertir los usos y costumbres.
La piratería, además de un bastión del crimen organizado se da porque en la industria editorial, en el mundo del libro no hemos sabido cómo estar al lado del lector, del usuario y hemos provocado lo que, en algún momento algunos, entre ellos Jesús Anaya, han llamado “demanda suprimida” y que no es más que el abandono de muchos espacios para llegar con ofertas, con libros, con librerías a todos los rincones del país. Los editores no hemos logrado dimensionar nuestro papel social y encontrar modelos de producción de libros de formas más accesibles, más económicas: antologías, separatas, apuntes de clase. Es así como una industria editorial se desarrolla y promueve la creación de libros: científicos, técnicos, de literatura, ensayo, etc.
El problema es complicado ya que, si bien la lectura se valora como el mayor bien cultural, el proceso de llevar esa lectura a las manos del lector, es decir, el proceso que se da entre la persona que crea, que genera los contenidos y las personas susceptibles de leer ese contenido, es absolutamente desconocido, devaluado y, por tanto, poco apreciado.
Todos sabemos cuánta gente participa en una película, en una obra de teatro, en una orquesta, pero muy pocos sabemos en verdad quiénes participan en la trasformación de ese manuscrito en un libro que pueda ser leído y sobre todo comprendido, por su calidad, por muchos.
Para que un manuscrito pueda llegar a un lector en forma de libro, se requiere la intervención de, cuando menos, las siguientes personas que harán diversas funciones:
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- Quien invierte (Publisher, por su nombre en inglés), que considera importante la difusión, la publicación de ese material;
- Quien dictamina, evalúa la obra, observa detalles y sugiere elementos que fortalezcan el manuscrito;
- Quien dirige el proceso editorial, editora/editor, que es quien construye el catálogo de la editorial y tiene la responsabilidad de las obras y sobre quien recae la dirección del proceso de publicación;
- Quien corrige el estilo, da orden y coherencia al discurso;
- Quien diseña;
- Quien forma los textos, arma las páginas;
- Quien hace la corrección ortotipográfica;
- Quien dibuja e ilustra;
- Quien está a cargo de la preprensa;
- una empresa impresora y encuadernadora, con todas las funciones de esa industria y, por supuesto,
- un área de contabilidad, de almacén, además de una distribuidora, un área de venta, una librería.
Es una relación apretada: todas estas personas son las que hacen posible que el libro llegue al lector. Un manuscrito no entra a una caja negra y sale hecho libro: es un trabajo con mucha gente que depende de la venta de los libros para poder vivir. Gente que tiene un trabajo honorable, legal, como cualquier otro. Y lo mismo sucede para los libros digitales.
En algún momento planteaba que una de las formas en que podemos lograr que los maestros no recomienden fotocopias, PDF ilegales, libros “más baratos” (cualquier libro, cualquier producto pirata será siempre muy caro, por más barato que lo ofrezcan, por cierto), es convocándolos a que escriban, a que publiquen sus notas de clase, verdaderos índices de textos por escribir.
Por supuesto será necesario que en cada universidad se revisen los contratos con sus investigadores para que puedan recibir la remuneración adecuada por ese trabajo.
Solo entonces, cuando otro maestro recomiende la fotocopia del capítulo 3 de ese libro, o la reproducción que se ofrece “más barata”, o el intercambio del PDF, es que el maestro-escritor logrará tener una visión amplia del problema.
Organicemos realmente explicaciones, cursos, alternativas para que los profesores puedan recomendar libros, capítulos de forma legal, demos los elementos para que los maestros puedan atender este requerimiento: ese es el reto, eso plantea la estudiante de la UAM-Xochimilco; eso es un camino.
Lo que no puede hacerse es cerrar los ojos y suponer que las universidades, sus autoridades no tienen responsabilidad en la promoción de la legalidad.
Por lo demás, ¿para qué invierte tanto el Estado en enseñar a leer si después no propicia el acceso a los libros para promover la lectura? Lo que no puede hacer el Estado es cerrar los ojos y no dotar de recursos suficientes a las bibliotecas; hay más de 7 mil en el país, que serían los establecimientos más cercanos a los lectores, estudiantes o no y, por tanto, el primer frente contra la piratería.
Si la biblioteca cuenta con la dotación de los libros necesarios, suficientes que pueden leerse de manera gratuita en su espacio, ¿qué pasaría con la piratería?
La responsabilidad es de todos y cuando digo todos hablo del Estado, no solo del gobierno, también de los legisladores, del poder judicial.
¿Qué acciones realiza realmente la Fiscalía General de la República para contener, inhibir la piratería? ¿Saben cuánto cuesta organizar un operativo?
Para terminar, dejo unas preguntas para la reflexión: ¿por qué las universidades, y hablo de ellas porque en ese espacio estamos, que construyen a los profesionales del futuro no inhiben el uso de las fotocopias, de las transmisiones digitales ilegales, de los libros ilegales?
Es decir, ¿tiene caso estar aquí hablando una vez más sobre piratería y salir para “bajar” el libro que solicitó el maestro, o que recomendó el colega? ¿La alternativa es regalar los libros y que el Estado, así como proporciona los libros de primaria y secundaria otorgue los libros de nivel universitario? ¿Cuáles son las alternativas para que el conocimiento circule, sea accesible y que al mismo tiempo quienes se dedican a la creación de contenidos, sean remunerados por ese trabajo? Ese es el reto y hay que asumirlo.
En resumen, las universidades son las formadoras de los profesionales del país y requieren promover la legalidad como principio básico; cualquier esfuerzo por lograrlo será poco ante el beneficio que como sociedad se puede lograr.
Las empresas editoriales deben promover modelos de edición que ayuden a que los estudiantes puedan tener materiales de calidad, obras originales, legales y de bajo precio.
Los consumidores debemos atender a la necesidad de legalidad en todas las acciones de la sociedad: no hacerlo en cualquiera de los casos socava las bases de una sociedad democrática.
La responsabilidad del Estado y las políticas públicas será un tema que abordará de manera magistral mi compañera de mesa, Carmen Arteaga.
Aprovecho y adapto una expresión coloquial, esa que dice: “entre todos la matamos y ella solita se murió”, y digo entonces: entre todos la promovimos y ella solita, la piratería, se arraigó…
Espero estar equivocado y todavía estemos a tiempo de evitar ese arraigo.
Muchas gracias.
Carlos Anaya Rosique
Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020.
